Como bien conoce la opinión pública hacer minería responsable es no es propio de nuestra realidad y es que a pesar de las regulaciones que se hacen mediante leyes a dicha actividad el problema encierra una complejidad inusitada, como es el caso del proyecto Conga en Cajamarca.
Dicho Proyecto demandará una inversión aproximada de 4800 millones de dólares (de los cuales 60 millones ya están invertidos) y representará un aumento considerable en el canon minero para los distritos de Celendín y La Encañada (inclusive la provincia de Cajamarca).
Pero pese a eso los comuneros no quieren al proyecto Conga en sus tierras ya que según plantean representa una amenaza a sus recursos hídricos y sin agua simplemente mueren, pese al estudio de impacto ambiental realizado que determina que el proyecto en mención es ecológicamente sustentable (cuestión que se ha objetado al estar presuntamente parcializada dicha evaluación).
Lo cierto es que definitivamente va a existir un cambio en el ecosistema ya que para el éxito del proyecto se propone trasvasar agua de las lagunas Perol, Cortada o Mala, Azul y Chica a cuatro reservorios construidos por Yanacocha, de los cuales tres serán para el uso de las comunidades y el cuarto será compartido entre la mina y las comunidades.
Paradójicamente a los reclamos, los lugares afectados por la actividad minera se encuentran en los más pobres del país destacando por ejemplo los distritos de Huasmín con 88,3% de pobreza y 50 % de extrema pobreza y La Encañada con 78,5% de pobreza y 44,3% de extrema pobreza, a pesar de que reciben importantes transferencias por parte del canon minero.
El espectro de afectación a los territorios es el otro problema, en el caso de Huasmín cuenta con 68 caseríos y se estima que 45 van a ser afectados, el proyecto Conga solo ha reconocido a 15 caseríos dentro de su área de influencia para darles trabajo y apoyo social, evidenciando una clara exclusión a los pobladores, caldo de cultivo de los conflictos sociales.
Los representantes del proyecto Conga aducen una desinformación generalizada por parte de la población y los manifestantes no quieren más minería, todo esto en un contexto de rompimiento del dialogo entre el ministro de energía y minas, el ministro de agricultura, el ministro del ambiente y los representantes de las comunidades en Andahuaylas (otro conflicto social por temas de carácter ambiental).
Prueba de fuego para el actual gobierno que entro bajo las banderas de la democracia y el respeto a los excluidos ¿Se logrará solución mediante dialogo ahora que este se ha roto? ¿Se puede dialogar con la necedad de un presidente regional que advirtió al gobierno atenerse a las consecuencias en caso no cedan a sus reclamos? ¿Se podrá armonizar (de una vez por todas) la minera y las necesidades de la población? Ciertamente esto recién empieza, sin ánimos de vaticinar desastres, no solucionar este tema traerá consecuencias graves, ya que las bombas de tiempo que dejo el ex presidente García ya llegan a su hora cero esperemos que no sea también la crónica de una muerte anunciada al Gobierno actual, por el bien de todos…
Jorge Contreras Tacilla
23/11/2011
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